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José Ignacio Echeverría, consejero de Transportes, se vio en la mira de los trabajadores que el junio pasado iniciaron una huelga, ya que estos, alegando de que el dictamen sobre servicios mínimos de esencialidad coartaban el derecho de los trabajadores de manifestarse, decidieron contraatacarlo judicialmente por prevaricación y coacciones.

Esta resolución por parte de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) se tomó luego de que, tras dos semanas, María José Ceballos, magistrado de lo social, declarara que dicha huelga fuera ilegal debido al incumplimiento de los servicios mínimos que Echevarría había determinado.

El quid de la cuestión se centra en que para CC OO Echeverría sabía perfectamente que el porcentaje de los servicios mínimos que había establecido había sido calificado por los tribunales como abusivo. Ese decreto establecía que el número de trenes que debieran circular era del 50% de los que habitualmente circulan.

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, declaró que por parte de la Comunidad no existen aun notificaciones sobre la querella aunque sí especificó que a nivel gubernamental el panorama está muy tranquilo, ya que tienen plena conciencia de que obraron como debían, y el establecer un mínimo de servicios es parte de garantizar los derechos de los madrileños.

Se tendrá que esperar para ver cómo evoluciona esta disputa judicial.

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